Dos informes independientes reconocen la mejora de los servicios sociales y la reducción de la pobreza en Canarias
La consejera de Bienestar Social analizó en el Parlamento la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios, elaborada por el ISTAC, que cuantifica en un 17,6% la población por debajo del umbral de la pobreza frente al 20,5% de 2022
Recuerda que, por primera vez, el informe independiente Índice DEC 2025 sitúa a Canarias a la cabeza de las Comunidades con mejores servicios sociales y que se han reducido los días de espera en Dependencia
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, destacó este martes en el Pleno del Parlamento de Canarias el avance del Sistema Público de Servicios Sociales del Archipiélago, que se sitúa en la cuarta posición entre las comunidades autónomas en informe independiente Índice DEC 2025, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, frente al último puesto que ocupaba en 2012; y la mejora de las condiciones de vida que refleja la encuesta del ISTAC. Delgado, no obstante, ha subrayado la necesidad de continuar mejorando la cobertura, la coordinación y garantizar una atención más rápida y accesible, especialmente para las personas y familias en situación de vulnerabilidad.
El Índice DEC otorga a Canarias 6,35 puntos y refleja el esfuerzo económico de las administraciones públicas en materia social. El gasto consolidado de la Comunidad Autónoma, los cabildos y los ayuntamientos alcanza los 724,3 euros por habitante, frente a los 575,1 euros de media estatal, lo que destaca que todas las administraciones públicas han hecho un importante esfuerzo presupuestario para mejorar la situación de las personas. Asimismo, el gasto en servicios sociales representa el 2,79% del PIB canario, frente al 1,75% del conjunto del Estado, y supone el 13,45% del gasto total de las administraciones públicas canarias, frente al 10,40% de media estatal.
Delgado ha señalado que estos indicadores reflejan el peso de las políticas sociales en el gasto público, que se sustancia, por ejemplo, en que “el tiempo medio de tramitación se ha reducido de los 782 días en julio de 2023 a 214 días en septiembre de 2026, lo que supone una disminución del 73%. Mucho menos tiempo en obtener derechos y servicios”. Asimismo, se refirió a los avances en Discapacidad, un área que contabiliza 57.184 resoluciones durante la legislatura. “Las valoraciones en las islas no capitalinas se realizan dentro del plazo legal de 180 días, mientras que la lista de espera fuera de plazo en Tenerife y Gran Canaria se ha reducido en torno a un 70% en los últimos tres años”.
Por su parte, los expedientes pendientes de reconocimiento de la Renta Canaria de Ciudadanía han pasado de 7.537 en 2023 a alrededor de 1.400 en la actualidad. El tiempo medio de resolución se sitúa aproximadamente en siete meses, frente a los 24 meses registrados al inicio de la legislatura.
La consejera ha relacionado estos avances con el refuerzo y la descentralización de equipos, la simplificación de procedimientos, la incorporación de trámites no presenciales y el uso de herramientas de automatización.
Dos informes independientes reconocen la mejora de los servicios sociales y la reducción de la pobreza en Canarias
Delgado ha precisado que el Índice DEC 2025 utiliza información de distintos ejercicios y no constituye una fotografía exacta de la situación actual. Como ejemplo, ha señalado que “los datos del informe no recogen todavía de forma completa el despliegue reciente de la teleasistencia, que a septiembre de 2026 contabiliza 17.589 personas usuarias, frente a las 2.352 que había al inicio de la legislatura; o los convenios plurianuales de dependencia y discapacidad suscritos con los siete cabildos, que movilizan 1.630 millones de euros en los servicios sociales de Canarias, así como la extensión de la ayuda a domicilio especializada y otras medidas desarrolladas durante 2026”.
En relación con la Encuesta de Ingresos y Condiciones de Vida de los Hogares Canarios 2025, publicada por el ISTAC, Delgado ha destacado que, por primera vez, el porcentaje de población bajo el umbral de riesgo de pobreza ha pasado del 20,5% en 2022 al 17,6% en 2025. En el mismo periodo, el ingreso medio mensual de los hogares ha aumentado un 19%, desde los 2.321 hasta los 2.755 euros, mientras que el ingreso medio por persona ha pasado de 891 a 1.061 euros mensuales, también un 19% más.
Las prestaciones sociales medias percibidas han aumentado de 842 a 989 euros, y el índice de Gini, que mide la desigualdad en la distribución de la renta, ha descendido de 0,33 a 0,32.
No obstante, la consejera ha advertido de que estos avances conviven con situaciones de vulnerabilidad. “La carencia material y social severa afecta al 12,7% de la población, el riesgo de pobreza alcanza al 19% de las mujeres frente al 16% de los hombres y se sitúa en el 37% en los hogares monoparentales, de los que más del 81% están encabezados por mujeres. Además, seis de cada diez hogares declaran algún grado de dificultad para llegar a final de mes, y es por todo ello por lo que debemos seguir trabajando para mejorar en todos los ámbitos”, señaló.
Sobre el indicador AROPE, Delgado explicó que existen nuevos parámetros, adaptados a la Estrategia Europa 2030, y que ese nuevo informe “sitúa en el 28,7% la población canaria en riesgo de pobreza o exclusión social”. Delgado ha recordado que esta metodología modifica algunos de los componentes utilizados anteriormente, por lo que las comparaciones con series construidas con otros criterios deben realizarse con cautela.
Candelaria Delgado ha concluido que los indicadores positivos no deben ocultar las dificultades sociales que persisten, del mismo modo que estas no impiden reconocer los avances registrados en el sistema público.
La consejera ha situado entre las prioridades de los próximos meses la reducción de los tiempos de espera, la extensión de los servicios domiciliarios y comunitarios, la protección de los hogares más vulnerables, el sostenimiento de la red municipal, la colaboración con el tercer sector, la modernización de la gestión y la reducción de las diferencias territoriales en el acceso a las prestaciones.
“El objetivo”, ha defendido, “es que los datos públicos permitan identificar mejor las necesidades y orientar las actuaciones de las administraciones para ofrecer a las personas una respuesta cada vez más rápida, próxima y adecuada”.
