Anxo Queiruga, presidente de COCEMFE, ha intervenido en las Jornadas Empleo y Discapacidad de COCEMFE León
Ha reivindicado que la Administración aproveche la contratación pública para fomentar el empleo de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal
También reclama que las administraciones reserven un porcentaje de su contratación a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social
El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, ha reclamado esta mañana durante su participación en la Jornada “Empleo y Discapacidad”, organizada por COCEMFE León en San Andrés del Rabanedo (León), que “la Administración sea más exigente y selectiva con las empresas incluyendo cláusulas sociales más ambiciosas en la contratación y concesión de subvenciones”.
“Las entidades de discapacidad no estamos satisfechas con la implantación de las políticas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en nuestro país y pedimos a la Administración que se convierta en un referente en esta materia y fomente el acceso al empleo, la no discriminación y la accesibilidad universal”, ha señalado el presidente de la organización en su ponencia centrada en RSC.
El presidente de la Confederación ha reconocido el avance que supondrá “la obligación que tienen las grandes empresas de publicar memorias de responsabilidad social y sostenibilidad en 2017”, y ha afirmado que “la Administración debe ir más allá e incluir cláusulas sociales mucho más ambiciosas en la adaptación normativa sobre contratación pública que está pendiente de realizarse”.
Como ejemplos de cláusulas, Queiruga ha destacado “el cumplimiento de la reserva legal de empleo para personas con discapacidad, que la empresa no haya sido sancionada gravemente por discriminar a nuestro colectivo, así como priorizar su contratación y aquellos productos y servicios que sigan los principios de accesibilidad universal y el diseño para todas las personas”.
Por último, ha hecho hincapié en la necesidad de que la Administración proteja a los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, nacidos desde el movimiento asociativo, obligando a las propias administraciones a reservar un porcentaje de su contratación a los mismos.
