Discriminación positiva y sindicalismo, un puente necesario.
Tal vez ha percibido, en alguna ocasión, como las políticas de discriminación positiva son objeto de críticas por parte de algunos sectores de la sociedad. Entre los argumentos de los detractores, destaca el carácter injusto que supone vulnerar a unos colectivos para convertirlos en garantes de privilegios a los que la mayoría de la población tiene muchas más dificultades para acceder, con los consecuentes riesgos de resentimiento y división social.
En una tertulia entre amigos, donde me nutría para preparar este artículo, uno le reprochaba al otro, que, siendo una persona con discapacidad, y solvente económicamente, aprovechara el cupo para personas con discapacidad para ocupar un puesto de trabajo, cuando otras personas tenían más necesidad de trabajar que él ¿Lo considera justo? En otra ocasión, un técnico de deportes de un ayuntamiento me pedía que le argumentara por mi pretensión para que a las personas con discapacidad no se les cobrara por la inscripción en una carrera popular donde no había rastro de participación de personas con discapacidad en ediciones anteriores. Sin buscar una respuesta, este tipo de pensamientos me alerta sobre el riesgo de creación de estereotipos y prejuicios en contra de los grupos beneficiados, lo que al final podría estar provocando un efecto contrario al deseado.
Los defensores de la discriminación positiva entienden estas políticas como un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades y derechos de todas las personas. Comprenden que estas medidas no son permanentes, y persiguen corregir desigualdades históricas y actuales, que están ampliamente validadas como una herramienta eficaz para promover la igualdad de oportunidades y la inclusión social.
Discriminación positiva y sindicalismo, un puente necesario.
La necesidad de las políticas de discriminación positiva, la capté muy bien en una ponencia de la socióloga Patricia Ojeda “Sólo cuando ya se han agotado todas las demás vías para favorecer la representación de los colectivos específicos, y no mejora la problemática, sólo entonces, cuando no queda otro remedio, es cuando se acude a las medidas de discriminación positiva” que por lo tanto debemos de entender como una medida desigualdad necesaria para conseguir un fin justo o equilibrado.
¿Y qué tiene todo esto que ver con el sindicalismo? Tenemos un función estratégica en la negociación de las políticas de discriminación positiva, luchamos por mejorar las condiciones laborales y salariales para los trabajadores pertenecientes a grupos que han sufrido discriminación histórica, como por ejemplo las mujeres, las personas de color o las personas con discapacidad, y contamos con gabinetes especializados en las áreas de igualdad y políticas sociales que a su vez desarrollan multitud de programas para favorecer la inclusión socio-laboral de las personas.
En España, la discriminación positiva se encuentra regulada por diversas leyes y normativas que buscan garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad. Algunos ejemplos representativos los podemos encontrar en la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas…
Todas estas normas establecen entre otras medidas la eliminación de barreras arquitectónicas y de comunicación, el fomento de la accesibilidad universal, la reserva de un cupo de plazas en la oferta de empleo tanto en las administraciones públicas como en el sector privado, la protección contra el acoso y la discriminación laboral, la promoción de la formación…
Defensor o detractor de la discriminación positiva, el foco debería estar en entender cómo operan estas medidas y velar para que se lleven a cabo de una forma efectiva y realista, con coherencia y teniendo en cuenta las necesidades y características específicas de las personas a quienes van dirigidas, fomentando su participación activa y colaboración en el diseño y la implementación de estas políticas a través de los sindicatos y demás agentes sociales, para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y justa para todas las personas… De regreso a mi amigo con discapacidad solvente económicamente, y tras darle unas cuantas vueltas al asunto, creo que la oportunidad de trabajar es algo más que un salario.
Juan Jesús Aguiar Rodríguez
Delegado Sindical CCOO
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