Editorial Revista Nº 49

Lo que pide la discapacidad a los partidos políticos

En estas fechas del año, inmersos en pleno periodo electoral, desde la Coordinadora de Minusválidos Físicos de Canarias asumimos y compartimos las propuestas de nuestro Cermi Estatal y queremos hacerlas extensibles a todos nuestros socios y colaboradores.

Tras más de treinta años de democracia en España,la discapacidad, esto es, la realidad práctica y diaria que vive más del 10 por ciento de la población y sus familias, sigue siendo, en muchos casos, ingrata. A pesar de los incontestables avances experimentados en términos de inclusión social y participación comunitaria, no podemos decir que la discapacidad esté normalizada. Se necesita aún, y presumimos que durante mucho tiempo más, una acción pública vigorosa y decidida para acercar a esta minoría tan singular a cierta normalizad ciudadana. La celebración de elecciones generales, cada cuatro años, que renuevan el Parlamento y el Gobierno de la Nación, es el momento idóneo para recordar a quienes aspiran a asumir la inmensa responsabilidad de gobernar España lo que la discapacidad pide a los partidos políticos.
Cuando las formaciones políticas reeditan en sus ofertas electorales su carta de compromisos con la ciudadanía para los próximos cuatro años, es preciso que desde la discapacidad digamos alto y claro qué es lo que desea y demanda este sector social.

Sin duda, hay que seguir avanzando en la consideración de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. La nueva concepción de la discapacidad entendida como ejercicio de derechos humanos fundamentales de la persona que la porta, ha de verse completamente consolidada, y no sólo en las leyes, sino también en las prácticas, en las mentalidades y en la vida cotidiana.

La recepción de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad nos dará pie en la próxima Legislatura para modificar todas aquellas partes de nuestro ordenamiento jurídico, que por antigüedad o desfase, se oponen a esa visión garantista de la discapacidad. Y hay que ir más allá de la norma legal para que lo que ésta dice sea una realidad; hemos de avanzar en efectividad y cumplimiento de los derechos.

El otro gran bloque de demandas conecta con la vida autónoma e independiente de la persona con discapacidad. Ésta debe contar con un entorno adecuado que le permita –que no lo constriña, como sucede ahora– llevar una vida libremente elegida y de acuerdo con sus deseos y aspiraciones. Esta forma de vida independiente pasa en buena parte por disponer de una autonomía económica que, a su vez, en una sociedad de mercado, viene dada en la generalidad de los casos por el ejercicio de un trabajo digno y de calidad. La inactividad laboral –el hecho de que cientos de miles de personas con discapacidad no se hayan acercado siquiera al mundo del empleo– es una lacra que hay que combatir enérgicamente. El éxito de las políticas de empleo pasa por la activación de miles de personas con discapacidad que han de incorporarse en los cuatro próximos años a la vida económica.
Todo lo anterior, sin detrimento de reforzar la protección social y económica de aquellas personas con discapacidad que no puedan ejercer total o parcialmente una actividad retribuida, que han de disponer de ayudas suficientes y sostenidas, dejando de lado el nivel de casi miseria –sobre todo en las prestaciones no contributivas– que aún soportamos.

Un frente ineludible, pues supone el mayor foco de discriminación, es el de la accesibilidad. Sin un acceso regular a los entornos, productos, bienes y servicios, por ausencia de condiciones estructurales de accesibilidad, no se puede llevar una vida normalizada y participativa.

Si la accesibilidad es el presupuesto para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales que asisten a todo ciudadano, no pueden persistir entornos que por definición excluyan, impidan u obstaculicen la vida de las personas con discapacidad. Cuestiones como el acceso a las nuevas tecnologías, la lucha contra la brecha digital, la regulación de la accesibilidad a los contenidos audiovisuales –en este punto tiene singular importancia la respuesta que demos al reto de la implantación de la TDT– o la socialización completa de las actuaciones de accesibilidad universal en las comunidades de propietarios, estarán en la agenda de los próximos años, y tendrán que ser resueltas.

La atención a la familia en cuyo seno hay personas con discapacidad es de crucial importancia. La atención temprana, la inclusión educativa de calidad, la mejora de la atención sanitaria o el incremento de nivel de ayudas familiares cuando se dé un supuesto de discapacidad, son elementos que habrán de integrar las políticas de familia del futuro próximo. No hay que olvidar que las personas con discapacidad y las familias en las que se integran o forman soportan un agravio económico, un sobrecoste por razón, precisamente de esa discapacidad, calculado en torno al 40 por ciento de lo que supone para una persona o familia sin discapacidad. Esa tremenda desventaja económica ha de ser compensada.

En fin, la relación de demandas podría ser indefinida. Pero todo necesariamente ha de ser ordenado y priorizado. La atención al factor de género dentro de la discapacidad, que somete a las mujeres a situaciones de multiexclusión, o la comprobación de la severa ausencia de igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que residen en el medio rural, son otros ejes preferente de acción política para el próximo Gobierno y para el futuro Parlamento.

El tejido asociativo de la discapacidad plantea esta amplia agenda de demandas que espera sea asumida y compartida por los partidos políticos. Una agenda que necesariamente debe traducirse en un plan de acción hasta el año 2012, y para cuya efectividad no sólo estaremos vigilantes, sino en disposición plenamente colaboradora. Nos va mucho en ello.

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