Canarias, con 17.187.363 euros, es la quinta comunidad autónoma con mayor inversión en Asistencia Jurídica Gratuita
El Gobierno regional, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, financió el pasado año el gasto derivado de las 56.424 solicitudes de Asistencia Jurídica Gratuita presentadas ante los colegios de abogados y procuradores de Canarias, lo que supone un 10,76% más de expedientes con respecto a los 50.943 asuntos tramitados en 2012.
El Ejecutivo canario, ante las medidas obligadas durante el anterior ejercicio para cumplir con el objetivo de reducción del déficit público, redujo en 827.299 euros la partida presupuestaria para financiar la justicia gratuita. No obstante, los criterios de restricción adoptados por el Gobierno ponen de relieve la eficiencia en la gestión realizada ante el considerable aumento de expedientes tramitados con respecto a 2012. Aún así, con un presupuesto de 17.187.363,04 euros, Canarias es la quinta comunidad autónoma con mayor inversión en Justicia Gratuita.
En tiempos de crisis, la ciudadanía precisa cada vez más de este recurso para poder defender sus derechos e intereses ante los tribunales. Además, la imposición de tasas judiciales ha provocado que cada vez más ciudadanos soliciten la Asistencia Jurídica Gratuita. Por ello, el Gobierno canario ha prestado cobertura preferente a este servicio garantizando las subvenciones a cada uno de los colegios profesionales de abogados y procuradores de Canarias para atender el gasto derivado de la Asistencia Jurídica Gratuita y garantizar el derecho al acceso a la Justicia.
Las cuantías por las que se retribuyen las actuaciones de abogados y procuradores en los casos de justicia gratuita se establecieron en Canarias por Decreto 57/1998 y con una cláusula de actualización anual conforme al IPC que se mantuvo vigente hasta el año 2009, lo que situó los importes de baremos en Canarias entre los más altos del Estado, especialmente en la retribución de algunas actuaciones como las guardias y las asistencias a detenidos.
El plan de ajuste para cumplir con los objetivos de estabilidad establecidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera incluyó objetivos de reducción en la financiación pública de todo tipo de gastos, incluida las líneas destinadas a la Asistencia Jurídica Gratuita, aplicándose medidas extraordinarias de reducción entre el 5% y el 10% en rentas y contratación de servicios y suministros. Esta situación motivó que en diciembre de 2012 se fijaran las nuevas cuantías de baremos con una reducción media del 7,5% de los importes vigentes anteriormente, en consonancia con las restricciones.
Pese a ello, los importes aplicados actualmente en Canarias para la retribución de abogados y procuradores continúan siendo superiores a la media nacional y, en algunos conceptos, se sitúan entre los más altos del Estado.
Las medidas adoptadas para la reducción del coste de justicia gratuita no solo están dirigidas a la reducción del importe de los baremos, sino también a la adopción de medidas de eficiencia en la gestión de este tipo de fondos públicos, como el seguimiento de reintegro económico en los supuestos establecidos en la Ley en los casos en los que finalmente se deniega el derecho a justicia gratuita y corresponde al ciudadano el abono de los honorarios a los profesionales que le asistan.
