La iniciativa reclama que los PGE para 2016 destinen una dotación suficiente para acabar “con la justicia de dos velocidades” y que se impulse “un nuevo modelo judicial”
El Parlamento de Canarias aprobó esta mañana con 38 votos a favor y 10 abstenciones una proposición no de ley, planteada por los grupos Nacionalista y Socialista, en la que se insta al Gobierno de Canarias a solicitar al Gobierno de España la derogación de las tasas judiciales a las pequeñas y medianas empresas y las organizaciones no gubernamentales, a excepción de las que afecten a sociedades mercantiles cuyo nivel de facturación supere el millón de euros anual.
El documento, presentado a instancias de los diputados Pablo Rodríguez y Gustavo Matos, solicita que el Gobierno de España establezca mecanismos que permitan la transferencia a la Comunidad Autónoma del importe correspondiente de las tasas judiciales ingresadas en su territorio en 2013, 2014 y hasta la derogación de los preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Asimismo, añade que dichos fondos se destinarán a cubrir gastos de la propia Comunidad en asistencia jurídica gratuita, en cumplimiento del artículo 11 de la citada ley.
Por otro lado, la iniciativa traslada al Gobierno de Canarias la petición de que exija al Gobierno de España que destine a la partida de Justicia en la Ley de Presupuesto Generales del Estado para 2016 una dotación suficiente para permitir acabar con la justicia de dos velocidades y favorecer la implantación y desarrollo de un nuevo modelo judicial de forma cohesionada y en idénticas condiciones en todo el territorio español.
La iniciativa contó con una enmienda del Grupo Podemos, que fue admitida por los proponentes. En el debate de la proposición no de ley participaron el diputado nacionalista Juan Manuel García Ramos; el socialista Gustavo Matos; la diputada de Podemos María del Río Sánchez; la diputada del Grupo Mixto Melodie Mendoza; Astrid María Pérez, del Grupo Popular, y María Esther González, de Nueva Canarias.
