El Parlamento pide que los centros formativos para el empleo estén adaptados para las personas con discapacidad

El Pleno de la Cámara de representación mostró hoy su respaldo a la necesidad de que los poderes públicos establezcan los mecanismos para garantizar el derecho de las personas con discapacidad a participar plenamente en la sociedad en la que viven –en la vida económica, política, cultura y de ocio– y al desarrollo de una actividad profesional en condiciones de igualdad.

En ese sentido, el Parlamento regional aprobó por unanimidad una Proposición no de ley (PNL), presentada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario y defendida por la diputada Nieves Rosa Pulido, en la que se solicita que se modifique el Decreto por el que se crea el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias y se regulan los procedimientos para la inscripción y/o acreditación de las entidades y centros de formación, de tal forma que se incorpore un nuevo apartado en el que se establezca que dichos centros deben cumplir la exigencia de que sus instalaciones cumplan la normativa vigente en materia de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.

En el debate también  participaron las diputadas Carmen Rosa Hernández (G.P. Mixto), Rosa Guadalupe Jerez (G.P. Socialista Canario) y Milagros Bethencourt (G.P Popular).

La PNL pide que se establezca también una nueva disposición donde se recoja que todos los centros o entidades de formación acreditados y/o inscritos en el Registro Canario de Centros y Entidades de Formación dispondrán de dos años, a partir de la entrada en vigor del mismo, para adecuarse a los requisitos establecidos para que sus instalaciones cumplan la normativa vigente.

El texto de la propuesta aprobada requiere, además, que se habiliten los recursos necesarios para que todos los centros formativos –cuyas obras de reforma, ampliación o mejora, dependan del Gobierno de Canarias– cumplan los requisitos que establece la normativa vigente, garantizando la utilización autónoma y con comodidad por las personas con movilidad o comunicación reducida, en igualdad de condiciones que el resto del alumnado.

La iniciativa pide también  que se modifique la Orden de la Consejería   de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda por la que se regula el otorgamiento y utilización del Símbolo Internacional de Accesibilidad, de tal forma que se incluya un nuevo artículo para que en los espacios edificatorios de concurrencia o uso público en los que se imparten cursos de formación de cualquier modalidad o disciplina, se disponga de una dotación mínima del 10% en equipamientos adaptados para cualquier tipo de discapacidad.

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