La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, encabezada por Ana Esther Flores Ventura, se unió este miércoles 26 de noviembre a la marea naranja y al acto de protesta, que auspiciado por los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, tiene como objeto solicitar los medios necesarios al Gobierno canario para una Prestación Canaria de Inserción (PCI) “digna” y “eficaz”.
La PCI es una ayuda económica otorgada por el Ejecutivo canario con la colaboración de los ayuntamientos, y que supone el último recurso para aquellos vecinos y vecinas en exclusión social y que no reciben ningún otro tipo de prestación. Entre las reivindicaciones que se hicieron ayer, indicó la edil, figura la de que todas las personas en esta situación puedan acogerse a este recurso y que se dote de los medios humanos y recursos económicos necesarios para que esta prestación se pueda ofrecer con todas las garantías. Agregó que en Granadilla en la actualidad existen 268 unidades familiares acogidas a la PCI o en trámites para ello.
Alegan que el presupuesto de 2014 para la PCI fue de 23 milones de euros, y que se agotó el pasado mes de abril, y el previsto para 2015 es de 28 millones de euros, de los que 17 millones tendrán que destinarse al pago de nóminas atrasadas, por lo que en el primer trimestre se acabaría el dinero para este recurso.
Ante la próxima aprobación de la normativa que modificará la actual Ley 1/2007, del 17 de enero, que regula la PCI, se solicita que la nueva normativa debe incluir a todos y cada uno de los colectivos en situación de exclusión social; revisar y reforzar la ratio de profesionales necesarios, según la población afectada; garantizar la estabilidad del personal contratado por parte de la Dirección General de Política social y de los ayuntamientos y consolidar fórmulas de financiación estable y suficiente, entre otras cosas.
