La Cámara regional reclama por unanimidad un plan de garantía habitacional para las víctimas de la violencia machista

Se pide que el Gobierno de Canarias facilite, en el plazo máximo de un mes, el acceso a una vivienda dotada de todos los suministros necesariosLogoParlamentoCanarias2013

El Parlamento de Canarias ha aprobado hoy por unanimidad una proposición no de ley, planteada por el Grupo Podemos, en la que insta al Gobierno de Canarias a “elaborar un Plan de garantía habitacional inmediata para toda aquella mujer que, previa valoración de los servicios sociales especializados, ostente la condición de mujer violentada por violencia machista, con independencia de la concurrencia de orden de protección o no”.

Dicho Plan deberá incluir que “la comunidad autónoma facilite en el plazo máximo de un mes, a partir de la fecha de solicitud presentada por parte de los servicios sociales especializados correspondientes, el acceso a una vivienda dotada de todos los suministros necesarios”.

La iniciativa, defendida por la diputada de Podemos María del Río, fue debatida en el pleno por Guadalupe González Taño, del Grupo Nacionalista Canario; Teresa Cruz, del Grupo Socialista Canario; Emilio Moreno, del Grupo Popular; María Esther González, del Grupo Nueva Canarias; y Melodie Mendoza, del Grupo Mixto.

La proposición no de ley exige al Gobierno de Canarias “ampliar el ámbito de aplicación de La Ley 16/2003, de Prevención y protección integral de las mujeres contra la violencia de género, a todas las formas de violencia contra la mujer”, de acuerdo con lo exigido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer y con el Convenio del Consejo de Europa sobre la Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), ratificado por España.

También se pide al Ejecutivo autonómico que realice, en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, “una evaluación de los recursos públicos y del impacto de todos los planes, programas, servicios en materia de igualdad y prevención de violencia machista dependientes de la Comunidad Autónoma de Canarias”. Esta evaluación deberá realizarse en el plazo máximo de seis meses.

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