COCEMFE y CEMUDIS se adhieren al manifiesto del CERMI con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Todavía muchas mujeres con discapacidad tienen negado el derecho al voto al estar incapacitadas judicialmente. El sector de la discapacidad reclama el desarrollo urgente de una investigación centrada en la revisión de estas incapacitaciones judiciales
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) se adhieren al manifiesto del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebra mañana 8 de marzo, para reclamar la participación política, real y efectiva, de las mujeres con discapacidad.
Según alerta el CERMI todavía muchas mujeres con discapacidad tienen negado el derecho al voto, al estar incapacitadas judicialmente. Esta situación provoca que puedan realizarse esterilizaciones forzosas, un acto de violación extrema de sus derechos.
Igualmente, se denuncia su falta de participación en la formulación de políticas públicas y en las que les afectan directamente, y su nula presencia en cargos ejecutivos en la esfera pública y prácticamente testimonial en las organizaciones no gubernamentales.
Por ello, COCEMFE y CEMUDIS suscriben las demandas del CERMI reclamando el desarrollo urgente de una investigación centrada en la revisión de las incapacitaciones judiciales que afectan al derecho de sufragio de las mujeres con discapacidad y que se pongan en valor las medidas de accesibilidad y no discriminación hacia las mujeres con discapacidad que contiene la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, así como su no discriminación en el acceso a la salud sexual y reproductiva; su atención adecuada durante el embarazo, el parto y el puerperio o la formación de profesionales de la salud sobre su situación específica, entre otras medidas.
Asimismo, COCEMFE y CEMUDIS suscriben las reivindicaciones en torno a la incorporación del principio de igualdad entre la mujer y el hombre en la cultura de las organizaciones, los reglamentos, los estatutos y los programas de trabajo de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias, de forma real y efectiva, asegurando que la dirección, la gestión y la toma de decisiones sea paritaria en todos los niveles.