- Tras algo más de 2 años en el cargo, ¿qué balance hace del trabajo desarrollado desde el área?
El reto y la finalidad del centro directivo era mejorar la cantidad y la calidad del trabajo de la población canaria, y en ese sentido, cuantitativamente hablando, 35000 personas han visto mejoradas sus circunstancias laborales, por lo que el balance es positivo. No ha sido suficiente, porque entendemos que siguen habiendo muchas personas a las que no se les reconoce su desempeño profesional. Nos preocupan las tasas de desempleo existentes, pero intentamos incrementar la calidad del empleo ya existente. Un 10% de los contratos indefinidos que se han celebrado en Canarias han sido justificados por nuestra actuación, y los cambios procedimentales realizados nos permiten tener unos resultados más rápidos en el tiempo. Que 35000 personas hayan visto mejoradas sus condiciones laborales sería el dato con el que me quedaría de estos dos años.
- ¿Qué acciones urge afrontar desde la Dirección General de cara a este 2019?
Queremos ocupar plenamente la RPT de este centro directivo, y digo esto porque los que estamos al frente de estos centros directivos estamos gestionando la escasez de recursos humanos. Aquella circunstancia que parecía positiva, controlando el déficit público a raíz de la disminución de gastos de personal, y que algunas personas aplaudieron, se ha mostrado ineficaz, porque los empleados públicos dan seguridad jurídica a todas las actuaciones. Y en nuestro caso no sólo en materia de trabajo, sino en materia de sanciones, de vigilancia, de prevención de riesgos laborales, etc. Desde que entramos hemos mostrado una gran preocupación por los administrados, porque había procedimientos muy enlentecidos, y estamos intentando atraer todos los recursos humanos posibles.
En cuanto a la transmisión de conocimientos nosotros intentamos socializar mucho los temas a los que nos dedicamos, tanto entre el personal propio como entre los administrados, para que entiendan porque procedemos como los hacemos, y esa socialización nos ha dado buenos resultados. No tenemos una certeza absoluta sobre nuestras actuaciones, por eso buscamos siempre cual es la mejor perspectiva para poderla llevar a cabo. Lo que funciona no lo cambiamos y lo que no funciona lo cambiamos diariamente.
Y el otro reto, que es un reto general dentro de la administración pública, es que la administración pública no sea un coste de transacción más, sino que sea algo muy ágil y con la que se pueda interlocutar. Y lo más importante es poner al servicio de las personas la administración pública. Y eso poco a poco se ha ido logrando y ahora con la telematización se logrará un poco más.
- ¿Cómo resumiría las líneas maestras de este gobierno en política de trabajo?
Hay que diferenciar trabajo de lo que es empleo. La Dirección General de Trabajo se encarga de custodiar la correcta utilización de la legislación laboral, tanto en materia de contratación como en materia de seguridad laboral para las personas que ya están ocupadas. Para las personas desocupadas está el Servicio Canario de Empleo, que ha recuperado el Plan Integral de Empleo de Canarias, que ha sido la mejor noticia que hayamos podido tener, y lo ha recuperado este Gobierno y en estos dos años. Esto permite que a las personas que puedan ser demandantes de un empleo, tú como administración puedas aumentar sus probabilidades de lograr un empleo, a través de la formación y la orientación. La formación es una recomendación que hacemos incluso a las personas que ya están trabajando, porque las realidades cambian, y te tienes que readaptar, y la readaptación solo la puedes hacer si tienes conocimientos.
Desde esa perspectiva, los 42 millones de euros del Plan Integral de Empleo se destinan a la formación y a un nuevo equipo de prospección, que son los que allanan el camino a las personas que buscan empleo y disminuyen los costes de selección a las empresas que lo necesitan, recomendando a las personas donde pueden ir y a las empresas los perfiles, lo que facilita la conexión. Y luego está el proceso de inserción. Antes a la administración se la consideraba el último eslabón al que acudir en materia de empleo, y ahora sucede lo contrario, y la gente está confiando en la administración a la hora de conseguir un empleo. En materia de trabajo ponemos a disposición de los trabajadores el que puedan denunciar si sienten que no están siendo respetados sus derechos laborales, y en materia de prevención de riesgos laborales, además de contar con la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015 – 2020, se ha logrado que en este 2019 tenga completa presupuestariamente su ficha financiera.
- ¿Continúan ampliando el personal y los recursos necesarios para luchar contra el fraude?
Si. La inspección de trabajo orgánicamente depende del Estado pero funcionalmente de la Comunidad Autónoma, por lo que nosotros planificamos las actuaciones. Por nuestra especial característica de región ultraperiférica conseguimos 6 nuevas plazas adscritas a Canarias y este año hemos conseguido que 5 nuevos subinspectores en materia de seguridad y salud sean adscritos también a Canarias. Paralelamente se han incorporado 32 nuevos efectivos al Plan Extraordinario de Canarias del cuerpo de inspección.
- ¿Qué actuaciones están llevando a cabo para acabar con la temporalidad y la precariedad en el ámbito laboral?
Si la legislación permite una modalidad contractual esta es legal, siempre y cuando esté perfectamente utilizada para la finalidad. Desde el punto de vista técnico nosotros lo que hacemos es corregir una modalidad contractual incorrectamente utilizada. Por ejemplo, una persona contratada por 6 horas que realiza su jornada durante 8 horas, y no de manera temporal sino continuada. Ahí aparecemos nosotros con el objeto de corregir esa situación, y se corrige desde el inicio del contrato, no desde que se detecta. Por tanto, tolerancia cero contra el fraude, porque el fraude se va a corregir y además te va a salir más caro. Hay dos líneas rojas, una persona que está sin contrato o que está cobrando una prestación. Si una empresa está en el mercado sin poder abonar la seguridad social de su plantilla es que no puede estar en el mercado. Si a una empresa se le detecta una irregularidad hacemos varias visitas durante ese año para comprobar si la ha solventado. Y por supuesto que no se tolera un despido por realizar una denuncia, hecho que será sancionado y perseguido.
Desde el punto de vista del empleo, las personas mejor formadas y con mejores competencias profesionales podrán acceder a puestos de trabajo de mayor relevancia. Tenemos que tener en cuenta algo que por obvio mucha gente no lo entiende: las empresas solo contratan a personas para ganar más dinero. Yo solo contrataré a una persona cuando lo que yo le abone en forma de salario sea menos que lo que esa persona me aportará en valor para la empresa, ya que eso será lo que me haga obtener beneficios. Si una persona está bien formada, con mayores competencias profesionales y una mayor implicación en el ámbito de la empresa, será más productiva. Y si es más productiva el salario no será un problema.
- ¿Se están cumpliendo los compromisos adquiridos en la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el trabajo 2015 – 2020?
Sí. Y no solo se están cumpliendo sino que cuando conformamos la Ley de Presupuestos se ha cubierto por primera vez la totalidad de la ficha financiera, que ascendía a 2 millones de euros. Eso ha permitido incrementar las dotaciones, no solo a nivel interno, sino que contamos con el mayor número de personas formadas en materia de prevención de riesgos laborales de la historia, y hemos ofrecido el mayor número de cursos en estas circunstancias, tanto de manera transversal como en aspectos más específicos. Esto también ha permitido mejorar las dotaciones económicas a las organizaciones empresariales y sindicales firmantes de la Estrategia, porque después de mucho tiempo se ha procedido a restaurar los gabinetes de seguridad y salud en el trabajo, donde ya no sólo la administración pública hace su normal vigilancia sino que los agentes económicos y profesionales pueden contratar efectivos profesionales para realizar esa vigilancia, bien desde el punto de vista informativo y sensibilizador, o desde el punto de vista formador. El índice de siniestralidad en Canarias es por primera vez negativo en la serie histórica en un contexto de crecimiento de la población ocupada, lo que muestra que se están controlando los riesgos independientemente del número de población ocupada. Queda mucho por hacer pero nunca se había conseguido un índice de incidencia negativo con aumento de población ocupada.
- ¿Queda trabajo por hacer en materia de igualdad de oportunidades y de género en el ámbito laboral?
En materia de igualdad y de no discriminación hay un precepto constitucional, a lo que se añade la Ley Efectiva de Igualdad. En Canarias, para buscar mayores cuotas de igualdad, le hemos dado un enfoque de género a los diferentes planes de actuación, aumentando considerablemente el número de mujeres que han visto mejoradas sus circunstancias laborales. Por otro lado se ha suscrito un convenio con el Instituto Canario de Igualdad para desarrollar el llamado Buzón Lila, que ha tenido una gran aceptación porque es un canal más de comunicación con la administración, donde hemos intentado ofrecer un total anonimato a las personas y donde se les pide el mayor número de datos posible, para que a esa comunicación, si lo vemos pertinente, le hagamos una denuncia de oficio. También se ofrece la posibilidad de denunciar a través de las organizaciones empresariales y sindicales. A raíz de todo esto hemos observado que cada vez hay menos ofertas de empleo con síntomas de no cumplimiento en materia de discriminación.
- ¿Qué grado de madurez tiene Canarias en cuanto a concertación social?
Muy amplio. Sobre todo porque las organizaciones económicas y sindicales han mostrado, no solo su predisposición, sino que en el conflicto normal de intereses se establece una negociación dura con el objeto de que la administración establezca el arbitraje determinado para que todas las partes se vean correspondidas. Nosotros no hacemos dos cosas: ni políticas simbólicas, plasmando en un papel políticas vacías que no dicen nada, ni juegos de suma cero, donde para ganar unos tienen que perder los otros. Buscamos un juego donde ganen las dos partes. Y cuando el problema nos afecta a todos la solución debe ser compartida.
- Que le gustaría ver cumplido a lo largo de este 2019.
Como mínimo que los resultados sean igual de buenos como hasta ahora. Ahora bien, la mejor de las campañas en materia de inspección, por ejemplo, es que no se encuentre absolutamente nada. Hay un deseo utópico que es que todas las personas estén perfectamente contratadas y que nadie sufra ningún tipo de menoscabo en su salud por el desempeño profesional. Eso es un síntoma de sociedad madura. El cumplimiento de las normas y obligaciones nos da acceso a derechos. Por tanto mi deseo para el 2019 es que no tengamos miedo, temor o inseguridad a la hora de cumplir con nuestras obligaciones, porque así tendremos una sociedad con acceso a todos los derechos, tanto en materia de contratación como de seguridad laboral, como de cualquier otra competencia. Una multa o una sanción es un fracaso social. Por tanto esperemos que 2019 sea un año con los menores fracasos de la historia.
