Actualidad nª50

Aprobado el proyecto que regula el pago de las ayudas de dependencia

el Gobierno de Canarias aprobó el pasado 25 de marzo el proyecto de decreto que regulará el procedimiento para el pago, por parte de la Comunidad Autónoma, de las ayudas derivadas de la Ley de Dependencia. Estas no se solaparán con lasOLYMPUS DIGITAL CAMERA sociosanitarias, que el Ejecutivo regional seguirá concediendo, de forma paralela, hasta el año 2015.

El proyecto de decreto aprobado ayer por la Administración autonómica se fundamenta en la necesidad de desarrollar reglamentariamente en el territorio isleño las previsiones contenidas en los artículos 27 y 28 de la Ley de Dependencia en lo relativo a la regulación del procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

De conformidad con las previsiones contenidas en dichos artículos, serán las comunidades autónomas las administraciones encargadas de proceder a la valoración y posterior reconocimiento de la situación de dependencia.

En consecuencia, las personas en situación de dependencia tendrán derecho a acceder, en condiciones de igualdad, a las prestaciones y servicios previstos en la ley, para lo que deberán solicitar el reconocimiento de la situación de dependencia a la Administración autonómica.

En este sentido, el artículo 28 de esta norma establece que los criterios básicos del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, así como las características comunes de los órganos y profesionales que procedan al reconocimiento, serán acordados por el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

La elaboración y aprobación de la normativa reguladora del procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a percibir las prestaciones es el paso siguiente a la aprobación del baremo de valoración y de los criterios básicos del procedimiento, trámites que ya han sido cumplimentados.

 

EL CERMI PIDE QUE LAS COMUNIDADES DE VECINOS PAGUEN LAS OBRAS DE ACCESIBILIDAD

r50_actualidad3La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal será una de las prioridades legislativas del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para los dos primeros años de la legislatura que ahora comienza. El objetivo del Cermi es que las obras y actuaciones de accesibilidad en las comunidades de propietarios sean asumidas en su integridad, con independencia del coste, por las propias comunidades de vecinos.

Así lo pedirá a los grupos parlamentarios y al Gobierno, puesto que considera que “la reforma de esta legislación resulta absolutamente inaplazable, ya que hay un gran número de personas con discapacidad y mayores en situaciones de absoluta indignidad, prisioneros en sus propias viviendas, sin poder entrar y salir de sus domicilios con normalidad”.

El Cermi y las organizaciones de la discapacidad reciben un aluvión de quejas y denuncias de personas y familias que no pueden llevar una vida normalizada en su entorno habitual por falta de condiciones de accesibilidad en sus viviendas. Tanto es así, que estas situaciones de auténtica discriminación son la primera causa de denuncia por parte de las personas con discapacidad.

La actual normativa, modificada en el año 2003, hace obligatorias las obras y actuaciones de accesibilidad en los edificios, siempre que el coste no supere el importe de tres mensualidades de ingresos por cuotas de la comunidad de propietarios de que se trate. Cuando la obra supera ese importe, el coste ha de ser soportado por el vecino con discapacidad o mayor de 70 años.

El Cermi entiende que este límite de las tres mensualidades es discriminatorio y exige que se cambie la ley para que desaparezca y que toda obra y actuación de accesibilidad sea asumida por la comunidad.

 

GUAGUAS TURÍSTICAS ACCESIBLES PARA LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presentó recientemente las nuevas Guaguas Turísticas que, de forma ininterrumpida, mostrarán a los visitantes las zonas más importantes y las diferentes ofertas r50_actualidad6existentes en al ciudad.

La empresa City Sightseeing, nueva concesionaria, asumirá plenamente este servicio que permitirá dar a conocer los barrios históricos, las zonas comerciales, los lugares de ocio turístico o las ofertas culturales mediante un equipo multilingüe de sistema de audio con salida individualizada (disponible en 8 idiomas: español, inglés, alemán, francés, italiano, noruego, sueco y japonés) con la historia y características de cada lugar del recorrido.

Cada una de las guaguas turísticas tiene un total de 64 plazas, 53 de ellas en la zona superior del vehículo, además de una adaptada para usuarios de silla de ruedas. Están también dotadas de rampa para acceso de personas con movilidad reducida (P.M.R.).

Presta sus servicios de lunes a sábado y comienza a las 9:30 horas y termina a las 17:45. Cada 30 minutos parte una unidad desde el Parque Santa Catalina. El ticket –que se puede adquirir en la propia guagua- vale para todo el día y permite subir y bajar libremente en las paradas.

Serán tres los vehículos que prestarán el servicio, de color rojo, en lugar del azul y amarillo, que también se pretenderá que utilicen, además de los cruceristas y otros visitantes de la ciudad, los turistas que se hospedan en establecimientos del sur de la isla, junto con los residentes canarios, que cuentan con bonificaciones y descuentos en los precios del título de viaje.

 

El Congreso aprueba la nueva Comisión Permanente para las políticas integrales de discapacidad

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 29 de abril, en su primer Pleno ordinario de la IX legislatura, una reforma del Reglamento para adaptar las comisiones legislativas a la estructura ministerial del Gobierno, y crear dos comisiones OLYMPUS DIGITAL CAMERApermanentes no legislativas no previstas reglamentaria o legalmente.
El Pleno de la Cámara Baja aprobó por unanimidad las 19 comisiones no legislativas, 16 correspondientes a los departamentos ministeriales, a las que se añade la Comisión Constitucional, la de Presupuestos y la de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Las comisiones acordes con los respectivos ministerios son Asuntos Exteriores; Justicia; Interior; Defensa; Economía y Hacienda; Fomento; Educación, Política Social y Deporte; Trabajo e Inmigración; Industria, Turismo y Comercio; Agricultura, Pesca y Medioambiente; Administraciones Públicas; Cultura; Sanidad y Consumo; Vivienda; Ciencia e Innovación e Igualdad.
El grupo parlamentario formado por IU-ICV y ERC presentó una enmienda para constituir una comisión de Inmigración separada de la de Trabajo y otra de Medio Ambiente, al margen de la de Medio Rural y Medio Marino.
Esta enmienda a la reforma del Reglamento fue rechazada, pero contó con los votos a favor de los proponentes y los diputados del Grupo Mixto, y once abstenciones desde los escaños populares.
Comisión de Discapacidad
Por otro lado, el Pleno aprobó, a iniciativa del PSOE, PP, CiU, y PNV, la creación de una Comisión Permanente para las políticas integrales de la discapacidad, que se creó en la VIII legislatura como comisión no permanente.
Asimismo, a petición de los mismos grupos parlamentarios, la Cámara Baja dio el visto bueno a la creación de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, ya existente también en la anterior legislatura.
Las otras comisiones permanentes no legislativas son las recogidas por el Reglamento del Congreso de los Diputados: Peticiones; Reglamento; y Comisión del Estatuto del Diputado, junto a las de previsión legal, las mixtas para las Relaciones con el Defensor del Pueblo; Tribunal de Cuentas; Control de RTVE.

 

ENTRA EN VIGOR LA CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OLYMPUS DIGITAL CAMERALa Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entró en vigor el  pasado 3 de mayo, con lo que se buscará garantizar los derechos civiles, económicos, políticos y sociales de 650 millones de discapacitados en el mundo.

El secretario general de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-Moon, y representantes de los Estados firmantes, calificaron como histórica la entrada en vigencia de este pacto, considerado como la primera convención de derechos humanos del siglo XXI.

Después de años de negociaciones, la ONU abrió en marzo de 2007 la firma de la Convención, que fue aprobada por los 192 miembros del organismo en diciembre de 2006.

La Convención entró en vigencia un mes después de que el país número 20 -el mínimo requerido para su aplicación- ratificó el instrumento, al que desde entonces se han sumado otras cinco naciones. Sin embargo, ni Estados Unidos ni Rusia están entre los países que han ratificado la Convención, cuyo objetivo es proteger a los 650 millones de discapacitados que hay en el mundo, 80 por ciento de ellos en países en desarrollo.

La Convención busca garantizar los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los discapacitados, bajo un esquema de igualdad de oportunidades, además de enfatizar su derecho a participar en la toma de decisiones que les afectan. Del mismo modo, estipula la adaptación de los inmuebles para dar acceso y libertad de movimiento a las personas discapacitadas.

La Convención no crea ningún derecho, por lo que sólo exhorta a los países a respetar los ya existentes y constituye un instrumento legal de referencia para su cumplimiento.

Hasta ahora, 127 de los 192 miembros de la ONU han firmado el texto, pero sólo algo más de la mitad de ellos han rubricado un anexo que permite a los individuos y grupos quejarse ante el organismo en caso de que los gobiernos no apliquen las medidas de la Convención.

En un comunicado anterior, Ban dijo que este pacto mostraba que el mundo estaba comprometido a combatir las “prácticas deshumanizantes que violan los derechos humanos de las personas con minusvalías”.

 

El Cermi pide elevar al 6% la reserva de viviendas a favor de personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha pedido al Gobierno elevar del 3 al 6% la reserva de viviendas accesibles a favor de personas con discapacidad, a fin de dar respuesta a la demanda creciente de viviendas por parte de este sector de población.

Para conseguir este objetivo, el Cermi propone modificar la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos para que en los proyectos de viviendas de protección oficial y de viviendas de promoción pública, se reserve un mínimo del 6% de viviendas accesibles con destino a personas con discapacidad. Este porcentaje operaría como mínimo legal para todo el Estado, pudiendo ser elevado por las Comunidades Autónomas.
El cambio legal debe precisar qué se entiende por vivienda accesible, que a juicio de Cermi es aquélla que con arreglo a la normativa sectorial sobre accesibilidad que resulte de aplicación puede ser habitada por las personas con discapacidad en condiciones de normalidad, usabilidad, seguridad y comodidad.
Asimismo, el Cermi propone ampliar la reserva actual, pensada sólo para personas individuales, para que abarque también a asociaciones o fundaciones integradas en el sector no lucrativo de la discapacidad.
Se extendería así la reserva a personas jurídicas siempre que éstas destinen las viviendas a usos sociales de promoción de la vida autónoma como viviendas tuteladas, viviendas compartidas, viviendas de apoyo o proyectos de vida independiente de personas con discapacidad.

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