– Tras su paso por Asuntos Sociales en el Cabildo de Fuerteventura, ¿qué balance hace de su primer año en el nuevo cargo?
Un balance positivo porque dar el salto de lo insular a lo autonómico hace que el trabajo se multiplique por siete y la atención a las siete islas es algo fundamental para que todos logremos ese bienestar social.
– ¿Cuáles son los principales problemas a los que su Consejería debe hacer frente y que afectan al Archipiélago?
Las personas de las que esta Consejería se ocupa en el día a día; hablamos de mayores, de personas con discapacidad, de los menores, de las mujeres víctimas de malos tratos y la juventud. Es una Consejería que abarca todo lo que es la atención a las personas y por lo tanto hay que hacer un frente común con leyes como la Ley Canaria de Inserción de Rentas Mínimas, que ya está operativa, la Ley de Dependencia, la de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, y seguir trabajando con la juventud para crear una sociedad más justa e igualitaria donde se integre toda la diversidad cultural que está llegando a nuestras islas.
– ¿Cómo se está desarrollando desde el Gobierno de Canarias la aplicación de la Ley de Dependencia?
Desde el comienzo de la legislatura he manifestado que es una buena Ley, porque se convierte en un derecho que tienen los ciudadanos, que en el ámbito social va a dar cobertura a muchísimas personas y que va a fortalecer la línea de trabajo que se venía desarrollando desde el 2002 con el Plan de Discapacidad del Gobierno de Canarias. Con este último se venía trabajando en infraestructuras, todo lo que son residenciales y estancias diurnas, y que se suma a los servicios prestados por los propios Cabildos y Ayuntamientos en lo que se refiere a ayuda a domicilio, teleasistencia, etc. Ahora paralelamente hemos de ir incorporando nuestros Planes a la Ley de Dependencia.
– Canarias es la cuarta Comunidad del Estado en realizar valoraciones dentro de la Ley de Dependencia. ¿Cómo valora estos datos positivos?
Son unos datos que demuestran el buen trabajo que se está realizando desde la Dirección General de Bienestar Social para que la Ley de Dependencia sea una realidad. De las 11.500 solicitudes que se han presentado se han valorado 6.000 y de esos 6.000 grandes dependientes 1.200 son ya perceptores de la Ley de Dependencia.
– ¿Están bien delimitadas las responsabilidades de la Administración del Estado, la autonómica y la local en cuanto a la aplicación de la Ley?
Están bien delimitadas las responsabilidades, lo que no está bien delimitado son las fichas económicas. No es lógico sacar una Ley y no tener el respaldo económico para poder desarrollarla, porque el peso, el desarrollo y la atención de los beneficiarios de esta Ley recaen en las Comunidades Autónomas. En este sentido la Comunidad Autónoma Canaria ha puesto ya para la aplicación de la Ley de Dependencia más de 117 millones de euros mientras que del Estado, que ha sido el que implanta esta Ley, ha recibido solamente entre unos 7 y 9 millones de euros, con la necesidades que existen a nivel de infraestructura para que la aplicación de la Ley se pueda llevar a cabo. Lo que pedimos es que sobre el dinero que va a Canarias a través de la Ley de Dependencia sea el Gobierno de Canarias el que decida que hacer con él en base a las necesidades que nosotros detectamos.
– El drama de la inmigración ilegal nos afecta muy de cerca. ¿Qué proyectos destina el Gobierno a la integración social de los inmigrantes?
Hay un convenio marco con el Estado para abordar la integración y la sensibilización. Es un convenio transversal con Educación por el que la Comunidad Autónoma Canaria recibe unos 7 millones de euros, cantidad que no ha sufrido ningún incremento con respecto al año anterior. Hay que entender que en inmigración los proyectos que se están llevando a cabo son a través de las instituciones locales, Cabildos y Ayuntamientos y los diferentes agentes sociales, que están haciendo un trabajo importante y el objetivo de todos estos proyectos es la sensibilización e integración. También desde Juventud se trabaja con varios proyectos para integrar a los jóvenes inmigrantes y desde el Instituto Canario de la Mujer se atiende la situación de las mujeres inmigrantes en la búsqueda de su integración.
Por otro lado está el Plan Canario de Inmigración del Gobierno de Canarias que también desarrolla una serie de acciones con la integración como objetivo y que a través del Foro Canario de la Inmigración, que es un instrumento de información, se elevan al Gobierno aquellas propuestas para mejorar aquellos aspectos que no se están abordando de la manera más adecuada, en el que están presentes todos los agentes sociales.
– ¿Qué paquete de medidas va a desarrollar el Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda?
Somos la primera Comunidad Autónoma en cuanto a la prestación de ayudas para acceder a la vivienda. Una medida importante es la Bolsa de Vivienda Joven, que está teniendo mucho éxito a nivel de toda Canarias, con los apoyos y las subvenciones a fondo perdido que estos jóvenes reciben, a lo que hay que sumar las ayudas para el alquiler y ayudas para la compra destinadas al conjunto de la población.
– ¿Qué deseo le gustaría ver cumplido al término de esta legislatura desde su área?
El objetivo y el deseo es la consolidación del Sistema Público Social de la Comunidad Autónoma de Canarias. En estos años que nos quedan de trabajo debemos ser capaces de consolidar un Sistema Público Social que pueda atender de una manera integral a la parte más vulnerable de la sociedad.
Desde esta Consejería se van a hacer grandes esfuerzos para que la Ley de Dependencia, la Ley de Integración Social, la de Vivienda, la de Juventud y la de Mujer consoliden este Sistema, evitando, entre otras cosas, que la pobreza no se agrave. La Ley de Inserción Social va a permitir que las familias más vulnerables, aparte de recibir una cantidad de dinero, que no es el objetivo principal de la Ley, logren su inserción laboral, con el objetivo fundamental de dignificar a la persona y sacarla de ese ambiente de deterioro permanente. Para ello hemos llegado a un acuerdo con la FECAM y hay dinero suficiente para que todos los Ayuntamientos de Canarias cuenten con los profesionales necesarios para cumplir los objetivos de esta Ley. Y otro de los objetivos de la Consejería será fortalecer la prevención en el ámbito de la infancia y la familia
