Andalucía, Asturias, Canarias, Catalunya y País Vasco piden la retirada del anteproyecto de ley orgánica de protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, reclamó hoy al Gobierno de España que “no ningunee los derechos de las mujeres”. El consejero canario se mostró crítico respecto a la no inclusión del debate sobre los términos del anteproyecto de ley orgánica de protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada (Ley del aborto) en el orden del día de la conferencia sectorial de Igualdad, celebrada hoy en Madrid. “El Gobierno de España pone una mordaza a quienes representamos y defendemos los derechos de las mujeres en las comunidades autónomas, al negar la posibilidad de generar un debate que permita profundizar en los aspectos relativos a la restricción de derechos de las mujeres que deriva el articulado este anteproyecto de ley”, expuso.
El Gobierno de Canarias, junto con los representantes de la Junta de Andalucía, la Generalitat catalana, el Gobierno asturiano y del País Vasco, expresó esta queja ante los representantes del ministerio a quienes solicitaron la retirada inmediata de este anteproyecto de ley “retrógrado, contraproducente, innecesario y ajeno a la realidad social”.
El consejero canario denunció que esta ley tal y como está redactada en su anteproyecto “produce una notable discriminación entre mujeres con poder adquisitivo alto y aquéllas que carecen de recursos”. Hernández Spínola considera que el cambio normativo no reducirá el número de abortos, pero sí aumentará el riesgo para la salud de las mujeres, especialmente para aquéllas que tengan menos recursos económicos y se vean forzadas a acudir a la clandestinidad para realizarse la operación. “La norma obliga a las mujeres a optar por irse al extranjero, a países en los que la ley sea menos restrictiva, o a optar por la clandestinidad con el riesgo que este tipo de intervenciones conlleva en estas condiciones”. El consejero además reseñó que el caso canario, la insularidad aumenta la discriminación a la mujer, ya que “el coste del viaje al extranjero será superior al que pueda tener para cualquier mujer que parte de territorio peninsular”. Hernández Spínola expresó su “honda preocupación” por este factor de riesgo añadido para las mujeres canarias, a las que les aboca el texto legislativo que el Gobierno de Rajoy pretende aprobar haciendo uso del rodillo de la mayoría absoluta que tiene en las Cortes Generales”, pese a que no se trata de un asunto apoyado por la mayoría de los españoles, según todos los estudios y encuestas realizados sobre la materia.
La petición de retirada de este anteproyecto de ley se ha realizado en el transcurso del turno abierto de preguntas de la reunión de la Conferencia Sectorial de Igualdad, organizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ya que se había rechazado incluir el tema del Anteproyecto dentro del orden del día tal como habían solicitado previamente estos cinco organismos por considerar que es el marco para hablar sobre los derechos de las mujeres.
Les personas que han representado las comunidades en esta reunión son:
– Francisco Hernández, consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad de Canarias, y Elena Máñez Rodríguez, directora del Instituto Canario de Igualdad
– Guillermo Martínez, consejero de Presidencia de Asturias, y Carmen Sanjurjo, directora del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud
– Izaskun Landaida, directora d’Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer
– Montse Gatell, presidenta de l’Institut Català de les Dones
– Silvia Oñate, directora del Instituto Andaluz de la Mujer
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad aseguró que “el Gobierno de España se retrata al impedir este debate sobre derechos de las mujeres”, ya que justifica la no inclusión del mismo en la conferencia sectorial por considerar que no es una norma que afecte al área de Igualdad. “Para nosotros, es un ataque en toda regla a los derechos de las mujeres que ven con esta reforma reducida su capacidad para tomar decisiones de forma libre y autónoma”, expuso.
Hernández Spínola considera que la reforma que pretende aprobar el Gobierno del PP “es ajena a la realidad social, que no tiene entre sus preocupaciones introducir una modificación a la legislación vigente en esta materia, como demuestran todas las estadísticas elaboradas sobre el asunto”. Para el consejero socialista de Igualdad, “se trata de una reforma puramente ideológica que supone un ataque a los avances logrados en materia de Igualdad”.
El consejero adelantó que “el Gobierno de Canarias continuará presionando con todos los medios y herramientas que tenga a su alcance para intentar evitar que esta reforma de la ley del aborto llegue a ser aprobada y aplicada”. Hernández Spínola recordó que “se trata de una ley que criminaliza a la mujer y supone un grave atropello al derecho a la salud sexual reproductiva de las mujeres, a las que se niega su autonomía para decidir libremente sobre la maternidad”, con todo lo que ello supone para otros ámbitos de desarrollo individual de la mujer (laboral, personal, familiar, económico).
SECTORIAL: DISTRIBUCIÓN DE FONDOS 2014
La conferencia sectorial también abordó la distribución de los fondos para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia y atención a menores. A la comunidad autónoma de Canarias, le corresponden 222.583 euros para este fin, una cuantía que aumenta en 1,6% respecto a la asignada para 2013. Aún así, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad la considera “insuficiente” ya que antes de la llegada del PP al Gobierno de España, esta cuantía ascendía a los 279.528 euros. “Aún estamos lejos de recuperar la dotación que Canarias tenía disponible en el año 2011 para cubrir estas necesidades”, aseguró el consejero que añadió que el Gobierno de Canarias continuará demandando el aumento de los recursos y la introducción de criterios como la insularidad para el cálculo del reparto entre comunidades autónomas.
