El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad sostiene que el Partido Popular “gobierna de espaldad a la realidad” y califica de “vergüenza” la futura norma
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, lamentó hoy que la modificación de la Ley del Aborto, aprobada el pasado viernes por el Gobierno del Partido Popular, “es una reforma puramente ideológica que representa un atentado a la libertad de las mujeres y a los avances logrados en materia de igualdad”. Además, añadió, que se trata de “un despropósito en toda regla” ya que “supone un retroceso normativo, criminaliza a la mujer, fomenta la desigualdad social, promueve la inseguridad sanitaria y representa un grave atropello al derecho a la salud sexual y reproductiva”.
Una vez más, remarcó el consejero de Igualdad, el Partido Popular impone sus planteamientos y con esta ley rompe el amplio consenso que existió en la adopción de la Ley de 2010. El PP, continuó, “gobierna de espaldas a la realidad ya que la norma no responde a la demanda social mayoritaria, por lo que se está creando un problema donde no lo había”. El debate sobre el derecho a la interrupción del embarazo “era una cuestión ya superada y aceptada mayoritariamente por la sociedad”, recalcó.
Hernández Spínola afirmó que el Gobierno ha aprobado la ley del aborto “más restrictiva de la democracia”. La mayoría de los países europeos cuentan con leyes de plazos como la norma vigente, por lo que la reforma planteada por el PP no sólo nos aleja normativamente de los países de nuestro entorno, sino que “vamos a retroceder incluso más allá de la primera Ley del año 1985”, señaló.
Asimismo, la nueva normativa que se llamará Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, supone “un grave retroceso social y criminaliza a las mujeres” al penalizar la interrupción voluntaria del embarazo y convertirla en un acto clandestino.
Hernández Spínola calificó la futura norma como “vergonzosa e hipócrita” ya que fomentará la desigualdad social al abocar a las mujeres que no tienen recursos a llevar a cabo interrupciones del embarazo clandestinas y por consiguiente sin garantías sanitarias. Esta nueva ley, criticó, “no evitará la interrupción voluntaria del embarazo, pero sí provocará que más mujeres mueran o tengan graves secuelas en su salud como consecuencia de abortos clandestinos e inseguros, o que aquéllas que tengan recursos económicos suficientes, acudan a clínicas extranjeras en cualquiera de los 20 países europeos cuya normativa sobre el aborto preserva el criterio de plazos”.
El consejero lamentó “este grave atropello al derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres “a las que se niega su autonomía para decidir libremente sobre la maternidad”.
En esa misma línea se pronunció la directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Máñez, quien señaló “que los avances sociales y políticos conseguidos en los últimos 35 años están siendo desmantelados uno a uno por una derecha reaccionaria y retrógrada, que ha puesto el Estado al servicio de los intereses particulares de una minoría que representa al liberalismo a ultranza en lo económico y a la ideología más conservadora en lo político y social”.
