La consejera de Políticas Sociales informó sobre cómo afectará al poder adquisitivo de los pensionistas canarios la reforma de las pensiones promovida por el Gobierno de España
“Se condena a los pensionistas a la pérdida continuada de poder adquisitivo y a la desigualdad, por tanto, no compartimos ni el fondo ni la forma del proyecto de ley presentado por el Gobierno del Estado sobre la reforma de las pensiones”, afirmó hoy la consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, en sesión parlamentaria donde informó sobre cómo afectará al poder adquisitivo de los pensionistas canarios la reforma de las pensiones promovida por el Gobierno de España.
“Además, la reforma promovida por el Estado acaba con el derecho de las pensiones a la revalorización y vulnera la Constitución ya que tendremos pensionistas de primera y de segunda”, aseguró la consejera.
“De hecho, -recalcó – la nueva reforma promovida por el Estado afectará negativamente a al presente de 326.000 personas en Canarias y al futuro de todos los trabajadores que actualmente estén en activo y que se vayan jubilando a partir de 2019”.
“Es obvio que en estos momentos España tiene problemas con la sostenibilidad del sistema de pensiones, pero esos problemas de tan gran calado social no pueden resolverse desde un solo punto de vista, desde el punto de vista de la formación política que apoya al Gobierno”, manifestó Rojas.
En este sentido, declaró que “desde el Gobierno de Canarias creemos que hay que volver al espíritu del Pacto de Toledo para reorganizar y reformar las pensiones desde el consenso, desde la unidad de todas las fuerzas políticas. Y esa es una misión de unidad, una labor de Gobierno”.
“Porque la primera premisa es que no podemos hablar de ahorro, de merma de un poder adquisitivo cada vez más menguado, y en es este sentido, según la memoria económica de este anteproyecto, se prevé que se establezca un ahorro para el sistema de Seguridad Social de 12.540 millones de euros hasta 2018. O lo que es lo mismo, los pensionistas recibirán 12.540 millones menos que si sus pensiones se hubieran seguido revalorizando con la fórmula actual del IPC”, indicó la responsable canaria de Políticas Sociales.
“En total, el ahorro estimado con la aplicación de toda la reforma es de 33.000 millones hasta 2019. A partir de ese año, 2019, comienza el otro punto novedoso del proyecto de ley que es el de la sostenibilidad”, explicó.
“Lo que se pretende – argumentó Rojas – es que las personas que se jubilen a partir de 2019 se les calculen la pensión según la esperanza de vida. A más años de vida, menos pensión. Se penaliza la longevidad con lo cual cuando una persona mayor necesita más cuidados, más atención de terceras personas, es en ese momento cuando verá mermado sus ingresos”.
“De hecho, según el grupo de expertos nombrado por el Ministerio de Empleo para diseñar esta reforma, las nuevas prestaciones podrían recortarse un 5% del nominal cada diez años. No obstante, si la base media de cotización del sistema ingresos aumentara por encima del 5% en ese mismo periodo, la pensión real aumentará en lugar de disminuir”
