Inversión de 4 millones en comprar y culminar inmuebles inacabados

Se incrementan los fondos del Plan Estratégico de Subvenciones

Inversión de 4 millones en comprar y culminar inmuebles inacabados para destinarlos a viviendas de protección pública

La Corporación pondrá en marcha una convocatoria pública para adquirir edificios sin terminar, ponerlos a punto y cederlos a la bolsa del Instituto Canario de Vivienda del Ejecutivo autonómico

El Gobierno de Gran Canaria incrementará así la oferta pública de vivienda de la Isla en favor de las familias más necesitadas

El Consejo de Gobierno Insular acuerda sufragar la iniciativa con un gasto plurianual de 2,9 millones en 2022 y de 1,1 en 2023

Con una inversión global de 4 millones euros, en las anualidades 2022 y 2023, el Cabildo de Gran Canaria adquirirá inmuebles inacabados, con el propósito de culminarlos y cederlos a la bolsa del Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) del Gobierno autonómico, para que los gestione y los convierta en promociones de protección pública.

Así, la Corporación insular, a través del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, pondrá en marcha una convocatoria pública con el fin de recibir ofertas de este tipo de edificios, comprarlos, impulsar el reinicio y la culminación de las obras, bajo la modalidad de llave en mano, y una vez puestos a punto, cederlos a la bolsa de viviendas del Icavi.

Inversión de 4 millones en comprar y culminar inmuebles inacabados para destinarlos a viviendas de protección pública

Para ello, el Consejo de Gobierno insular, a instancia del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, ha aprobado hoy el gasto plurianual con el que se sufragará esta iniciativa. En concreto, esos cuatro millones de euros de inversión global se distribuirán entre los 2.895.000 euros consignados para la anualidad 2022 y los 1.105.000 euros asignados a la de 2023.

El Gobierno de Gran Canaria considera de gran interés la movilización de recursos públicos y la coordinación entre las políticas presupuestarias y políticas públicas sectoriales como es, entre otras, la de la promoción de vivienda de protección, para la ampliación del parque de vivienda destinado al alquiler social.

Y es que la crisis anterior de la construcción dejó edificaciones en situación de abandono, cuyo estado supone un peligro por el deterioro de sus infraestructuras y del espacio urbano, y por la posible ocupación ilegal, con la consecuencia de graves molestias para los vecinos.  Para evitar estas situaciones, se pretende obtener edificios de viviendas que puedan recuperarse y ponerlos a disposición de las familias más necesitadas.

Con ese propósito y al objeto de realizar una redistribución lo más equitativa posible, se adquirirán inmuebles hasta un máximo de 20 viviendas por municipio y un mínimo de 4.

El tipo de edificio deberá ser el de viviendas en bloque o entre medianeras, dado que no se admitirán viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas. Y, además, el inmueble ofertado tendrá que estar situado en un lugar de fácil acceso rodado, próximo a los equipamientos municipales esenciales y contar con una adecuada red de transportes públicos.

Asimismo, estará incluido en promociones iniciadas, en las que ya se haya producido el acta de replanteo previa y parte del proceso de edificación, y encontrarse en situación de obras inacabadas, en curso o paralizadas, y con un grado de ejecución de entre un 45% y un 90%.

El plazo de ejecución de los trabajos de terminación del edificio en ningún caso será superior a 12 meses.

Tras la aprobación hoy de la inversión plurianual por parte del Consejo de Gobierno Insular, se convocará el Consejo Ejecutivo del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, para iniciar el expediente y proceder a su licitación en abierto, con el fin de recoger las ofertas de los inmuebles inconclusos que reúnan los requisitos de los pliegos.

Este acuerdo se enmarca en el Plan de Inversiones del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, que, a su vez, forma parte del ‘Programa de inversiones y nuevas medidas sociales para la reactivación económica y social de Gran Canaria, para reforzar los servicios públicos, potenciar la atención a los más vulnerables e incentivar la economía grancanaria’, aprobado por el Cabildo.

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