Patricia Hernández asegura que es una prioridad trabajar de forma anticipada con los menores y sus familias para evitar situaciones de desamparo entre los niños y jóvenes
El Gobierno de Canarias financia en la actualidad 78 equipos municipales de prevención y centros de día que atienden anualmente a casi 3.000 menores cuando detectan situaciones como el absentismo escolar reiterado
La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, anunció, en la mañana de hoy, que su departamento realizará en 2016 una inversión de 4 millones de euros en la prevención de las situaciones de riesgo en niños y jóvenes correspondientes a un convenio con la Fecam al que pueden adherirse todos los municipios de las islas. Las declaraciones las realizó durante la visita al Centro de Atención a la Familia Las Veredillas, en Tíncer (Santa Cruz de Tenerife).
Para la también consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, “es una prioridad que el Gobierno trabaje de forma anticipada con los menores y sus familias para evitar que caigan en situaciones de desamparo”. “Para ello -añadió-, durante este año y para el que viene vamos a destinar más de 4 millones de euros en equipos de atención a las familias y centros de día que financiamos a través de los ayuntamientos”, explicó.
Hernández recordó que “el Consejo de Gobierno aprobó ayer la inversión en Santa Cruz de Tenerife y en La Laguna para financiar estos equipos de prevención y días atrás Las Palmas de Gran Canaria decidió también adherirse a este convenio”.
A lo largo del año, el Gobierno ha financiado 78 equipos municipales especializados en Infancia y Familia en todo el Archipiélago cuya finalidad es detectar y trabajar el riesgo en la infancia y su entorno, destinando también fondos para 32 Centros y Servicios de día. Anualmente se atiende a un número de menores de en torno a 3.000.
Se considera que un menor se encuentra en situación de riesgo cuando, a causa de sus circunstancias personales, familiares o por influencias de su entorno, se está perjudicando su desarrollo personal o social, sin alcanzar la gravedad suficiente para justificar la declaración de desamparo y la separación del menor de su familia.
Son los centros sanitarios, educativos o los servicios sociales comunitarios los que tienen mayor capacidad para detectar este tipo de situaciones y comunicarlo a los servicios de infancia y familia municipales para que inicien el expediente con el objetivo de comprobar si existe efectivamente riesgo y notificarlo a la Dirección General de Infancia y Familia.
En el procedimiento para la declaración de la situación de riesgo se da audiencia a quienes estén ejerciendo las funciones parentales, así como al menor si es mayor de 12 años.
Una vez declarado que un menor está en situación de riesgo, se determinan las medidas de asistencia para eliminar los factores que lo producen. Los padres o quién tengan la tutela de los niños están obligados a colaborar activamente con las medidas acordadas que tienen como finalidad garantizar los derechos de los menores y que desaparezca el problema. La no colaboración por parte de la familia o la falta de evolución positiva en las causas de la declaración de riesgo podrán dar lugar a que la administración intervenga en el amparo del menor.
