Coalición Canaria, a la luz de que el concurso para el alquiler-compra de las 11 viviendas de la calle Tindaya en Los Realejos ha quedado desierto, solicita al actual mandato del PP que se apruebe la salida en alquiler de la totalidad de las mismas para las familias con escasos recursos, entendiendo que “al ser una inversión pública debe primar la necesidad y no otras cuestiones para las que seguro que hay promociones de carácter netamente privado y donde no se ven comprometidas ni las inversiones públicas –es decir, el dinero de todos- ni las condiciones que deben tener los aspirantes a hacerse con una de las viviendas de la calle Tindaya”.
Por ello, el grupo de Coalición Canaria-PNC Los Realejos solicita que estas viviendas sean valoradas y entregadas, mediante un alquiler social, a las familias realejeras que presentan mayores dificultades para tener un techo en que cobijarse. “Esta, y no otra, debe ser la línea argumental para defender la disposición pública de estas viviendas, ya que la estrategia empleada por el equipo de gobierno actual de tratar de reingresar el importe satisfecho en su construcción nada tendría que ver con la realidad de las familias que en la actualidad la necesitan como primera vivienda”.
Por todo ello, aseguran los nacionalistas, “nuestro grupo se posiciona a favor de un alquiler social de las mismas que faciliten una morada a las familias más frágiles de nuestro municipio y, por otra parte, permitan que, dada la imposibilidad actual de la fórmula del alquiler-venta, no resulten un gasto excesivo a las arcas públicas”.
En cualquier caso, añade CC Los Realejos, “no vamos a permitir que el ayuntamiento se convierta en promotor interesado en la venta de viviendas realizadas con el dinero de las realejeras y los realejeros. Avalando, como siempre lo hemos hecho, la salud financiera de esta corporación local, a lo que decimos que no es a que el dinero de todos se vea comprometido en gastos de mantenimiento, cuando el alquiler social revertiría esta situación, amén de ocupar efectivamente estas viviendas con familias que en verdad las necesitan, evitando por añadidura que puedan darse casos de ocupación ilegal que tanto cuesta resolver una vez producidos”.
